Colombia: Durante el 2003 fueron asesinados treinta de los sobrevivientes del partido Unión Patrió

07/02/2004

No cesa la campaña de extermino

No cesa la campaña de extermino: Unos 30 sobrevivientes de la peor à©poca del exterminio de la Unià³n Patrià³tica (UP), partido polà­tico surgido de un antiguo proceso de paz con la guerrilla de las FARC, fueron asesinados en Colombia el año pasado, denuncian fuentes humanitarias.

30.01.2004 (Por Athemay Sterling ) La directora de la Corporacià³n para la Defensa y Promocià³n de los Derechos Humanos (Corporacià³n Reiniciar), Jahel Quiroga, dijo en Bogotá que los homicidios fueron cometidos a pesar de la proteccià³n que presta o debe prestar el Estado a los supervivientes de la campaña criminal.

Los continuos asesinatos afectan la credibilidad en el proceso de "solucià³n amistosa" del caso, acordado con el Gobierno a instancias de la Comisià³n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtià³ la activista.

El Estado colombiano fue demandado en 1993 ante la CIDH por su responsabilidad en el exterminio de la UP, formacià³n creada en 1985 merced a un acuerdo preliminar con las FARC, que entonces mantuvieron una tregua de un año.

Desde entonces, más de tres mil miembros de la formacià³n han sido asesinados o sometidos a desaparicià³n forzada, entre ellos 2 candidatos presidenciales, 8 senadores, 70 concejales y diputados regionales y más de 15 alcaldes.

Por lo menos otros dos mil han sido và­ctimas de torturas, registros o detenciones arbitrarias, según los casos documentados por Reiniciar, la Comisià³n Colombiana de Juristas (CCJ) y el Partido Comunista Colombiano (PCC), que promovieron la demanda ante la CIDH.

Ese organismo de la Organizacià³n de Estados Americanos (OEA) admitià³ la causa el 12 de marzo de 1997, no como "genocidio", como fue presentada, sino como un "caso colectivo". Un año despuà©s, el Estado colombiano reconocià³ su responsabilidad en los hechos.

La directora de Reiniciar informà³ del mantenimiento de la campaña contra la UP durante un encuentro celebrado en Bogotá por el grupo de trabajo mixto conformado para la "solucià³n amistosa".

El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Vicepresidencia de la República, la Fiscalà­a General, la Procuradurà­a General y la Defensorà­a del Pueblo representan al Estado en la búsqueda de esa salida.

La "solucià³n amistosa" incluye el esclarecimiento del exterminio, el castigo a los responsables, la reparacià³n a las và­ctimas o familiares y la restitucià³n polà­tica de la UP, bajo la condicià³n de que los sobrevivientes sean protegidos.