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5. February 2004

Carta Abierta del Partido Comunista Colombiano a los gobiernos y pueblos de la Unià³n Europea

El recorrido por Europa es una maniobra del Gobierno colombiano para invitar a la Unià³n Europea a participar en la llamada Mesa de Donantes, con la cual quiere legitimar el “Plan Colombia”, instrumento de intervencià³n del gobierno de los Estados Unidos de corte militarista para atizar la guerra y el conflicto colombiano expresa en una carta abierta el Partido Comunista Colombiano

04.02.2004 (Comità© Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano, Bogotá D.C., Colombia) En los prà³ximos dà­as el Presidente de la República de Colombia, Ílvaro Uribe Và©lez, realizará una gira por varios paà­ses de la Unià³n Europea y cumplirá una controvertida invitacià³n a la plenaria del Parlamento Europeo en la que tratará de presentar su proyecto polà­tico de la “seguridad democrática”, eje de su programa de Gobierno “hacia un Estado comunitario”.

El recorrido por Europa es una maniobra del Gobierno colombiano para invitar a la Unià³n Europea a participar en la llamada Mesa de Donantes, con la cual quiere legitimar el “Plan Colombia”, instrumento de intervencià³n del gobierno de los Estados Unidos de corte militarista para atizar la guerra y el conflicto colombiano.

Mas que un plan guerrerista, lo que Colombia necesita es una cruzada nacional e internacional, con el apoyo humanista de gobiernos y pueblos, para salir de la encrucijada de violencia exacerbada por la agudeza de la confrontacià³n armada. La única alternativa de resolver el polà­tico es por la và­a de la negociacià³n polà­tica y de la democratizacià³n de la vida nacional. Precisamente, todo lo contrario de lo que implica “ganar la guerra” que pretende el presidente Uribe Và©lez.

En los 17 meses del actual gobierno, en que se ha aplicado la “seguridad democrática”, el conflicto se endurecià³ más y de manera implacable afecta con mayor rigor a los colombianos. La aprobacià³n del “estatuto antiterrorista”, ignorando recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Unià³n Europea, amenaza seriamente los derechos humanos, de suyo seriamente afectados por las medidas autoritarias gubernamentales.

De manera sistemática el presidente Uribe Và©lez se niega a aceptar las recomendaciones sucesivas de la Comisià³n de Derechos Humanos de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bogotá, lo cual ha repercutido en hechos tales como la persecucià³n sistemática a los opositores de izquierda, sindicalistas, activistas populares y miembros de Organizaciones No Gubernamentales de reconocida trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

En la actualidad, la aplicacià³n de la “seguridad democrática”, lejos de afectar la existencia de grupos insurgentes, cuyo erradicacià³n anuncià³ el Gobierno Nacional en el plazo de 18 meses, que ya se cumplen, está vulnerando los derechos y libertades de la poblacià³n civil, và­ctima de grandes redadas de detenidos y montajes por supuestos nexos con las guerrillas.

En la mayorà­a de los casos, los detenidos han tenido que ser dejados en libertad, luego de semanas y meses de estar en prisià³n. Según lo reconocià³ el propio ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, un promedio de mil ciudadanos están siendo detenidos cada mes, acusados de và­nculos con la guerrilla. Casi el 90 por ciento de ellos queda en libertad posteriormente.

El Gobierno Nacional ha depositado toda la esperanza de paz en la guerra abierta y prolongada, dedicando más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto a agigantar el aparato bà©lico estatal, mientras no hay dinero para la inversià³n social y en especial para la salud y la educacià³n. Según la estadà­stica oficial, en el paà­s el nivel de pobreza llegà³ al 56 por ciento y el de indigencia a un 30 por ciento.

Entre tanto, la crisis de la salud se acentúa con el cierre de importantes centros hospitalarios, entre ellos los de la atencià³n a los niños y a la maternidad, y está amenazada la existencia de la educacià³n pública en el paà­s. El Gobierno Nacional se opone a cualquier posibilidad de solucià³n polà­tica negociada del conflicto con las organizaciones guerrilleras y ni siquiera acepta un acuerdo humanitario, como el que proponen la Iglesia Catà³lica y destacadas personalidades colombianas, agravando las infames consecuencias del conflicto y el deterioro humanitario en el paà­s. La polà­tica y la economà­a han sido colocadas al servicio de la guerra oficial, en una cruel polarizacià³n del paà­s.

Las gestiones del delegado del Secretario General de la ONU para la paz en Colombia y de la Comisià³n de Facilitacià³n de la Iglesia Catà³lica, son cuando no ignoradas, obstaculizadas, por los funcionarios gubernamentales y más bien son utilizadas como elemento dilatorio de un compromiso con una polà­tica de paz.

El presidente Uribe Và©lez y otros altos funcionarios se han pronunciado en contra del acuerdo humanitario y de eventuales diálogos de paz. Hace pocos dà­as, en el Palacio de Nariño (sede presidencial en Bogotá), con ocasià³n del protocolario saludo anual del Cuerpo Diplomático, el presidente Uribe Và©lez, de forma desafiante le dijo a los embajadores: “Ustedes dedà­quense a promover el diálogo, que yo avanzo con mis soldados y policà­as para imponer la seguridad democrática”.

La única puerta abierta al diálogo ha sido para los grupos paramilitares, responsables del tráfico de cocaà­na y de las peores masacres y vulneraciones al DIH y a los derechos humanos. Con el agravante, que el diálogo con estos irregulares se realiza de manera incondicional y con el objetivo de aprobar una “ley de alternatividad penal” que consagra el “perdà³n y el olvido” a los crà­menes de los paramilitares.

De manera perversa, el Gobierno Nacional pretende comprometer a la comunidad internacional y a los gobiernos de la Unià³n Europeo en este torcido proyecto, que generará más dificultades para la solucià³n polà­tica. Desoyendo a la ONU, el Secretario General de la OEA, el colombiano y ex presidente Cà©sar Gaviria, decidià³ pactar con el presidente Uribe Và©lez la verificacià³n de este proceso, cuando ni siquiera existen acuerdos reales para verificar y controlar.

Lo cierto es que los crà­menes del paramilitarismo y el tráfico de narcà³ticos de sus integrantes continúan siendo una práctica en el territorio nacional. El año pasado, el 25 de octubre, los colombianos le negaron al Presidente de la República la aprobacià³n de un referendo para elevar a norma constitucional la polà­tica de “seguridad democrática” y varias medidas fiscalistas de ajuste, lesivas a los trabajadores y al interà©s popular.

Ni siquiera el 20 por ciento del potencial de electores le avalaron su proyecto. Apenas lo hicieron tres millones de colombianos de 24 millones de votantes aptos y menos de los cinco millones que depositaron su voto por el presidente en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, en desafà­o a la Constitucià³n Polà­tica y al querer de la mayorà­a de los colombianos, el Gobierno Nacional, apoyado en las mayorà­as en el Congreso, acudiendo a las prácticas clientelistas, politiqueras y de corrupcià³n que dice combatir, pretende hacer aprobar las medidas negadas en el referendo.

Por esta razà³n, la visita del presidente Ílvaro Uribe Và©lez a Europa debe servir de ocasià³n propicia para que sus gobiernos y pueblos le recuerden:

-las obligaciones que tiene con los protocolos, tratados internacionales y recomendaciones de la ONU y de la comunidad internacional en la búsqueda de disminuir la intensidad del conflicto y del respeto a los derechos humanos;

-la importancia del acuerdo humanitario que termine con la tragedia de miles de colombianos en cautiverio; y

-la necesidad de hacer esfuerzos para avanzar en una polà­tica real de paz, favorable a la solucià³n negociada del conflicto y a buscar el camino de la democracia y la justicia social,

-el cumplimiento de las 24 recomendaciones sobre derechos humanos que la oficina de la ONU en Colombia ha venido sugiriendo.

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