Mà©xico DF a 24 de julio de 2001
de Mario Rivera Ortiz
A la memoria de Giuliani Carlo
Los polàticos del sistema han intentado elaborar una teoràa para explicar el actual proceso de lumpenizacià³n de la sociedad mexicana, mismo que se ha venido acelerando últimamente. Estas personas culpan de ello a la superpoblacià³n, el hacinamiento, la proliferacià³n de bandas, la introduccià³n ilegal de armas de fuego, a la falta de colaboracià³n de la gente y a otros factores tambià©n secundarios, pero à©sta es una afirmacià³n inexacta que sà³lo pretende encubrir las causas reales de dicho mal social y criminalizar la pobreza y la incultura en su totalidad. Se argumenta que la poblacià³n mexicana sigue experimentando un incremento de 1.7 millones de habitantes por año y que la poblacià³n total del paàs rebasa los 100 millones de habitantes para justificar lo que está ocurriendo en materia de conductas antisociales.
El incremento delictivo es un hecho real que es necesario considerar, pero hasta ahora únicamente ha servido de pretexto para reestructurar las polàticas de seguridad pública como un asunto estratà©gico dentro del proyecto neoliberal. En funcià³n de ello en el paàs existen 300 mil policàas de todas las denominaciones y el gobierno del DF, dedica un tercio de su presupuesto para sostener e incrementar sus cuerpos represivos y para promover foros “populares” modernizadores de la legislacià³n penal.
La nueva polàtica de seguridad pública parece responder a una necesidad y estar plenamente justificada socialmente pero dicha polàtica, en verdad, si la examinamos con objetividad, tiene doble filo: uno dirigido contra el hampa y otro contra la sociedad en su conjunto, como lo veremos más adelante.
Es sabido que la lumpenizacià³n es sà³lo un aspecto de la descomposicià³n social y fruto directo de la insuficiencia de los salarios, la inseguridad en el trabajo, el desempleo, la falta de habitacià³n digna, la marginacià³n, el fomento monstruoso del espàritu de competencia, de una parte, y de la otra, la acumulacià³n salvaje de la riqueza en pocas manos. No es casual que los àndices de criminalidad se hayan disparado justamente despuà©s que se impuso el modelo econà³mico vigente ya que, bajo esas condiciones ninguna institucià³n estatal del sistema es capaz de contener la exhibicià³n y la enseñanza de la violencia, la organizacià³n de los delincuentes, la masificacià³n de la pornografàa, el consumo de drogas, la prostitucià³n, la promocià³n masiva y escandalosa de la homosexualidad, la alcahueteràa de los medios, la conversià³n de las escuelas en lugares peligrosos para los niños y en general la decadencia de la moral social.
Ciertamente que algunos delincuentes comunes y polàticos se extralimitan en sus fechoràas y cometen actos de lesa humanidad que reclaman castigos ejemplares, pero a más de que los súper castigos definitivamente no son el remedio, se presenta el riesgo de que al final los más duramente castigados sean los polàticos disidentes y la gente más pobre, mientras que la lumpenburguesàa y los Pinochets de alguna manera lograrán escabullir el bulto y disfrutar de impunidad. Asà lo enseña la experiencia.
¿Por quà© la hipertrofia y omnipresencia policàacas son una arma de doble filo? Porque para la clase gobernante los delitos prioritarios a perseguir no son los delitos de sangre y los que violan la dignidad humana, sino aquellos que tocan el dinero y afectan sus intereses. Si bien la lucha contra el hampa es un mal necesario, hay que abordarla preferentemente con medidas econà³micas de justicia social y fomento de una cultura de solidaridad. Los recursos policàacos para ese efecto son totalmente secundarios además que bajo este manto se crean los instrumentos para desarrollar el espionaje y la represià³n contra la autà©ntica oposicià³n polàtica y para asegurar el control de la poblacià³n en momentos de crisis.
Por ello no puede ser sino algo sumamente sombrào para la ciudadanàa en su conjunto las grandes inversiones gubernamentales en el reclutamiento masivo de elementos humanos a las corporaciones represivas y todo tipo de einsatzgruppen, en la compra de equipos de escucha y grabacià³n, inteligencia internacional, adquisicià³n de carros para el combate callejero, gases tà³xicos, armas y parque antimotines, chalecos blindados, escudos, máscaras antigás, binoculares, cámaras fotográficas y video de rayos infrarrojos. La acumulacià³n desmesurada de estos medios y su empleo intensivo contra las manifestaciones públicas, en las detenciones y cacheos arbitrarios de transeúntes pacàficos, en los “operativos” al estilo Tepito, en los cateos indiscriminados, en el espionaje, no pueden considerarse sino como una advertencia ominosa que viene a ratificar que la razà³n de ser histà³rica de la policàa y todas las fuerzas represivas no es otra que la represià³n polàtica y no, como se dice por ahà, mantener àndices de criminalidad aceptables. La represià³n sangrienta contra las recientes huelgas obreras Argentinas y contra la protesta anti G-8 en Gà©nova, vino a corroborar esta verdad de Perogrullo.
El complemento legal de la nueva polàtica gubernamental de seguridad pública, es la reforma a la legislacià³n penal. Bajo la consigna de ¡Acabaremos con las bandas criminales! La Procuraduràa General de la República (PGR) y del DF, la Contraloràa, la Secretaràa de Seguridad Pública y el autodenominado Grupo de Orden y Respeto de la Presidencia de la República, bajo el manto protector de encuestas y plebiscitos, presentarán un nuevo paquete de proyectos legales para eliminar la desgravacià³n de las penas y aumentar el castigo para diversos delitos graves. En à©ste mismo tenor las instituciones aludidas, a pesar de los fracasos previos, se hacen grandes ilusiones con sus proyectos, alentados por quienes claman por la aplicacià³n de la pena de muerte y la cadena perpetua, y por la multiplicacià³n de las cárceles de alta seguridad.
Para acentuar más el sentido transnacional de los nuevos preceptos penales mexicanos, a partir del mes de enero de 2001 la Suprema Corte de Justicia de la Nacià³n aprobà³ una tesis juràdica que permite la extradicià³n de conacionales a las cárceles estadounidenses y en su primera sesià³n pública del prà³ximo mes de agosto votará reformas legales que tienden a facilitar, aún más, que los mexicanos sean juzgados, condenados y ejecutados en los Estados Unidos; todo, dizque para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Desde principios del año 2001 los procesos de extradicià³n contra ciudadanos mexicanos, españoles y otras nacionalidades, se han multiplicado y acelerado, al grado que en ocho meses de gobierno del presidente Vicente Fox se han deportado 43 sospechosos de delitos federales, mientras que en el año 2000 se extraditaron 17. En relacià³n con estos hechos, hay que decir que las extradiciones son una instrumento policiaco más al servicio del imperio que tambià©n apunta por igual contra narcotraficantes y disidentes polàticos.
Al rico acervo de medios de espionaje y represià³n que se ha acumulado sobre las espaldas del pueblo mexicano hay que añadir los cuerpos de espionaje y provocacià³n parapolicàacos, paramilitares y “civiles” que trabajan secretamente en varias regiones del paàs y en distintos sectores sociales: campesinos, obreros, indàgenas, intelectuales y estudiantes, y que con alguna frecuencia consuman ilàcitos genocidas cuyo esclarecimiento habitualmente queda para las fantasmagà³ricas comisiones de la verdad. Otro ingrediente que complementa los medios referidos anteriormente y que forma parte de la polàtica socialliberal de seguridad pública del cogobierno PAN-PRI-PRD, es la invitacià³n (y fomento) a la delacià³n anà³nima, asà como a la incorporacià³n “espontánea” de algunos grupos de trabajadores a las actividades policàacas, tal y como sucedàa en los mejores tiempos del Tercer Imperio Alemán.
A este respecto, el seis de julio de 2001 la Procuraduràa General de la República (PGR) descubrià³ una banda “civil ” de espionaje electrà³nico en el Estado de Mà©xico y en la misma ciudad de Mà©xico, llamada Direccià³n Nacional de Informacià³n, compuesta por 35 personas, la mayoràa de las cuales se identificaron como “ex” policàas y “ex” funcionarios públicos, a más de que, según informacià³n disponible la Secretaràa de Gobernacià³n y el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), no resultaron ajenos a la creacià³n y mantenimiento de dicha “banda”.
En suma, pues, en Mà©xico se vive, una situacià³n parecida a la que existàa en Cuba en tiempo del batistato, cuando la polàtica de seguridad pública de la isla era dictada desde Washington y la policàa gringa campeaba por sus respetos en la isla. Hay elementos suficientes para suponer que la policàa mexicana con el pretexto de la “cooperacià³n en inteligencia” y la “coordinacià³n de esfuerzos comunes contra el narcotráfico” se entrelaza y sirve a las corporaciones de espionaje y represià³n extranjeras, digamos, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos y la DEA, cuando menos.
Entonces es claro que el gobierno actual, como los anteriores, no se propone combatir las causas econà³micas, culturales y sociales de la descomposicià³n social, sino paliar sus manifestaciones más ostensibles con medidas de fuerza. Por otra parte, no debemos olvidar que todas las polàticas represivas, no importa donde y cuando se den, persiguen objetivos econà³micos especàficos de clase, que en este caso se concretan en la imposicià³n del modelo econà³mico neoliberal impuesto por el G-8. La accià³n de tal regla de oro de la historia la corroboraron las sangrientas e impunes dictaduras del cono sur y ahora, el cobarde asesinato de Giuliani Carlo el 20 de junio, en Gà©nova, Italia.
Pocas de las personas que ejercen el robo y otros delitos contra la propiedad eligieron por sà mismas à©ste modo de vida; lo hicieron, sin duda, obligadas por los factores causales que hemos enumerado al principio de à©ste artàculo. De esta manera las polàticas de seguridad pública que estamos cuestionando son, en realidad un mal social agregado a los que crà³nicamente padece la nacià³n, pues a más de lo que significan econà³micamente las grandes erogaciones que requieren, son, en realidad la más seria amenaza para la democracia y la libertad.
Queda por mencionar un punto central relacionado con el tema que hemos abordado: ¿Existe en Mà©xico un làmite tangible entre la polàtica de seguridad pública y la seguridad nacional? ¿Se han definido claramente estos dos conceptos? ¿Quià©nes son los verdaderos enemigos de la paz pública y de la seguridad nacional? Nosotros francamente pensamos que ninguno de estos conceptos ha sido definido y en la práctica cualquier acto civil de rebeldàa social, por ejemplo, se maneja y se castiga como un delito contra la seguridad nacional. Por algo en Mà©xico el Cisen tiene en su poder actualmente un legajo con… 50 millones de expedientes polàtico-policàacos. En este vacào legal y conceptual, naturalmente, navega libremente, a voluntad, la represià³n clasista y la impunidad de los verdaderos enemigos de la seguridad nacional.
Detengámonos ahora en algunos aspectos formales:
Los cuerpos represivos actualmente están compuestos por elementos adiestrados en un ambiente de corrupcià³n colectiva e infiltrados por el hampa. à‰sta es una verdad pública, demostrada hasta la saciedad por la composicià³n de los cliques gangsteriles aprehendidos por la propia policàa. Entonces, el hampa, las bandas de jà³venes marginados, los aspirantes de cuello blanco al enriquecimiento rápido e ilàcito y los desempleados, son la fuente social de la que se nutre tradicionalmente la policàa, sin descartar que a sus filas pueden llegar algunos elementos sanos y honestos.
Pero en este terreno nos falta mencionar un hecho relativamente nuevo y por demás asombroso. A partir del año de 1997, cuando la “izquierda” mexicana llegà³ al gobierno, se convirtià³ tambià©n en una fuente de reclutamiento para la policàa en sus distintos niveles. Personas que en el pasado clamaban por la revolucià³n libertaria hoy suelen encontrarse militando en los cuerpos represivos, con o sin uniforme. Las democráticas corporaciones policàacas modernas ahora tambià©n son “plurales” en cuanto al origen de sus elementos. Y claro que no se trata de una infiltracià³n de la izquierda dentro de la policàa con fines de contrainteligencia, sino exactamente todo lo contrario. La “izquierda” socialliberal-populista optà³, hace tiempo, por la filosofàa del conde Bressac: “Ya ves, Therese, cà³mo la virtud cuesta a menudo muy cara. ¿No crees que dos mil escudos de pensià³n valàan más que los mordiscos que jalonan ahora tu cuerpo?” (Marquà©s de Sade, Justine)
Los uniformes de la policàa tambià©n cambiaron de color y forma: del caqui y el azul pasaron al negro, de las cachuchas de visera de plástico y macanas de palo, a las metralletas, los pasamontañas, los chalecos blindados y los perros amaestrados. Dice la gente que a los nuevos escuadrones policàacos, nada más les hace falta para identificarse plenamente con la imagen de los SS, las runas y las calaveras en los cuellos de sus camisas. Sus atavàos han sido diseñados para hombres altos y bien formados; aquellas panzas de pulquero que cargaban los viejos policàas mosqueados que dibujaba el cà©lebre caricaturista Abel Quezada, han desaparecido de los cuerpos de elite. La apariencia de las corporaciones represivas ha pasado a ser dramática y amenazadora por su puro aspecto exterior. Al toparse con ellas no hay un solo ciudadano común que pueda pensar que posen un alto espàritu de servicio social y menos aún, gran respeto por los derechos humanos.
Finalmente no hay que dejar de mencionar el gran apoyo propagandàstico que recibe el nuevo programa gubernamental de reestructuracià³n policàaca de parte de los grandes medios de comunicacià³n, incluso de los reputados como progresistas. Los medios trabajan dàa y noche para fomentar las ilusiones de las masas en los organismos oficiales u oficiosos que dicen defender los derechos humanos, sin que jamás denuncien sus sospechosos nexos polàticos y las implicaciones que conlleva el trasiego de elementos humanos entre dichos organismos y la policàa. Cà³mo de la manera más simple, por arte de magia, un obdusmman se transforma en policàa y viceversa. A travà©s de la página roja de la prensa escrita y de las secciones rojas de la prensa radial y televisiva, la histeria compulsiva de locutores y analistas enfermos exalta el morbo y el amarillismo a niveles inimaginables y justifican los desmanes policàacos.
Ante una situacià³n como à©sta el pueblo de Mà©xico deberàa preguntarse ¿quà© ocurrirá en este paàs el dàa en el que el capital transnacional decida suspender las garantàas constitucionales, decretar el estado de sitio y echar a andar toda la fuerza policàaca que ha acumulando? Ciertamente que los cuerpos represivos no son inmunes a las crisis sociales y como el resto de la sociedad, tambià©n se escinden llegado el momento, pero las organizaciones revolucionarias no pueden confiar su suerte a la casualidad…
El pueblo todo, los sindicatos, las organizaciones y personas de la autà©ntica oposicià³n democrática y socialista, deben tomar nota y prevenirse contra los riesgos que engendra una polàtica de seguridad pública como la que hemos cuestionado, creando y fortaleciendo una fuerte organizacià³n propia y lazos de solidaridad internacional, a fin de acumular una fuerza disuasiva que los proteja de la represià³n salvaje que, eventualmente, puede ser desencadenada por sus enemigos, especialmente cuando la gente se resiste a aceptar mayores sacrificios de los que es posible aguantar estando viva.
