Por Sara Cifuentes, Voz
Tres operativos de la Fuerza Publica en la Comuna 13 de Medellàn deja más de cien civiles muertos en lo que va del año. Lea el informe especial del perià³dico Voz:
Mientras se llevan a cabo allanamientos y operativos con serias irregularidades en la Comuna 13 por parte de las autoridades, los “paras” se pasean como pedro por su casa y tienen bombas de gasolina”. Las siguientes denuncias fueron hechas por habitantes de la Comuna 13 quienes fueron vàctimas y tuvieron que abandonar la zona por temor a retaliaciones contra sus vidas y la de sus familias. Por este motivo asumimos derecho de reserva de fuente y por lo cual algunos de los nombres fueron cambiados.
La situacià³n geoeconà³mica
Antioquia es un departamento privilegiado en tà©rminos geográficos, hàdricos y de navegacià³n dada su cercanàa a la selva del Chocà³ y la cercanàa al Rào Cauca. En la zona occidental hay un macroproyecto de circulacià³n y de tránsito de mercancàas, asociado al túnel de occidente que tiene que ver con Urabá… y con todo el tránsito de mercancàas del Valle, Cauca, Centro Andino, Antoquia y el Caribe. Es un terreno muy apetecido y vulnerable. Además la zona occidental es cercana al Rào Atrato y gran parte de la circulacià³n de mercancàas ilegales se da en esa zona. Lo mismo ocurre con el potencial energà©tico de la zona nororiental de Antioquia.
La Comuna 13 está ubicada en el occidente de Medellàn y es conformada por los barrios el Blanquizal, Olaya, Iguana, Vallejuelos, Pesebre, Santa Rosa de Lima, la Divisa, Juan XXIII, la Quiebra,… Villa del Socorro,… Antonio Nariño,… San Javier,… San Javier la Loma, Eduardo Santos, 20 de julio, independencias 1, 2 y 3, el Salado,… Belencito, Corazà³n y la Arenera. Todos los enfrentamientos que ha habido, provienen del sistema de montañas occidentales, es decir la zona aledaña al Corregimiento de San Cristà³bal. Desde 1999 se han intensificado los enfrentamientos con la aparicià³n del Bloque Metro de las Autodefensas.
Los operativos militares
En lo que va corrido del año ha habido tres operativos de la Fuerza Pública en la Comuna 13: Operacià³n Mariscal que fue llevada a cabo en mayo de este año y tuvo una duracià³n de 12 horas. En à©sta se vio una respuesta de la poblacià³n quien salià³ protestar contra dicho operativo y los abusos de la Fuerza Pública.
En junio se llevà³ a cabo la operacià³n Antorcha en donde tambià©n hubo heridos y detenidos, en estas operaciones militares hubo una parcial presencia de la prensa, Procuraduràa y algunas ONGs de D.D.H.H, de estas dos operaciones resultaron 42 civiles muertos, entre quienes estaban 15 niños. Según Juana Maldonado habitante de la zona: “muchos de ellos murieron en sus casas, cuando estaban en el baño o incluso acostados”.
Por las irregularidades y abusos que se llevaron a cabo en la Operacià³n Mariscal, se abrià³ un proceso que estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduràa en manos del Asesor Josà© de Jesús Dàaz Moncada. Dàaz Moncada en su diligente trabajo manifestà³ la necesidad de vincular a dicha investigacià³n a dos generales de la república (uno de la Policàa y a otro del Ejà©rcito Nacional), asà como a dos directores de la Policàa Judicial y a un Procurador Judicial, y a otros servidores públicos.
A un mes de haber manifestado estas decisiones Dàaz Moncada fue relevado de esa responsabilidad por parte de Ruth Miriam Escobar, coordinadora seccional de la Direccià³n Nacional de Investigaciones Especiales, quien según el propio abogado, intentaba truncar su trabajo de muchas formas.
Asà las cosas: Cuando era más clara la participacià³n de los altos oficiales en este caso, la funcionaria dio instrucciones de no practicar más pruebas, hasta tanto no hubiera un pronunciamiento sobre ese primer informe, poco despuà©s se le ordena Dàaz Moncada la entrega del expediente. El funcionario fue relegado a una oficina y bien alejado del caso y con el agravante de amenazas contra su vida, sin que le haya dado proteccià³n.
En la operacià³n Orià³n llevada a cabo en el mes de octubre, la situacià³n fue diferente en algunas cosas. No se le permitià³ el ingreso a la prensa, ni siquiera a la Procuraduràa, ni mucho menos a organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Debido a esto fue bastante difàcil obtener las cifras exactas de vàctimas civiles y detenidos. Asà como datos de abusos por parte de las autoridades estatales. Sin embargo se habla de aproximadamente 300 detenidos y 70 muertos, entre ellos dos menores de edad.… Tambià©n se habla de por lo menos cinco desaparecidos.
Mientras el General Mario Montoya, Comandante de la IV Brigada del Ejà©rcito, quien fue tambià©n responsable de dicha operacià³n, asegura en una entrevista realizada por El Espectador con fecha de octubre 27, que 212 personas fueron enviadas a la Fiscalàa… y que todas eran integrantes de grupos guerrilleros, lo cierto es que, según testimonios de habitantes del sector y de ONGS, entre las personas detenidas en los allanamientos de estas operaciones militares hay algunas personas que fueron militantes de la Unià³n Patrià³tica o del Partido Comunista Colombiano, asà como dirigentes comunitarios que no tienen antecedentes delincuenciales. En la misma entrevista el General no da datos de “paras” detenidos.
Se presentaron casos como el de un habitante que se dedicaba a la confeccià³n de ropa, la Fuerza Pública pretendià³ obligarlo para que confesara que confeccionaba uniformes a las milicias, como se negà³ le rompieron la cabeza con la culata del fusil.
Ignacio Torres testigo de estos operativos asegurà³ a VOZ que: “A las personas que han dejado en libertad por falta de pruebas, las autoridades les han hechos firmar una especie de acta en donde se comprometen a no dar declaraciones a los medios, o a otras entidades para denunciar los atropellos a que fueron sometidos y los maltratos que sufrieron en las inspecciones de seguridad”.
Muerte de inocentes e irregularidades en los operativos
La Fuerza Pública según voceros del sector, reciben informacià³n de parte de las Autodefensas y con base en ellas retienen gente y realizan allanamientos. Carmen observà³ ese dàa como un encapuchado iba señalando a personas que sacaban de las casas, e inmediatamente se procedàan a realizar las à³rdenes de captura. Al parecer de abogados expertos en el tema, con este procedimiento se invierte prácticamente el proceso penal. Ya que primero debe haber una acusacià³n formal por un delito y una investigacià³n que antecede a estos allanamientos.
En estos operativos se han violado varios aspectos normativos, como el hecho de que en la actualidad no se permiten testigos secretos, y los encapuchados se han valorado como tal. Abogados defensores de derechos humanos, aseguraron a este medio que han recibido informacià³n de que se han invertido cerca de 200 millones de pesos en falsos testigos para estos allanamientos. De igual manera recibimos datos de que en muchos operativos los mismos fiscales o miembros de la Fuerza Pública proceden encapuchados.
Además se le ordenà³ a la Fiscalàa que no se procesara por rebelià³n a los detenidos, sino por concierto para delinquir con fines terroristas y se vieron cosas como abogados firmando indagatorias sin haberlas asistido. Los operativos fueron llevados a cabo con el respaldo de la Fiscalàa, hay que recordar que la Fiscalàa es un ente acusador no un à³rgano de control.
Jorge Ortega asegurà³ que cuando se realizaban los operativos, en muchas partes si no estaba el presunto miliciano, procedàan a llevarse a cualquier otra persona que estuviese en la casa.
Otro aspecto importante que vale la pena destacar es que la Fuerza Pública concentrà³ toda su atencià³n en los barrios en donde hay presencia miliciana, pero no en donde las AUC tienen el control polàtico, econà³mico y militar.
Este tipo de operativos, asà como las zonas de rehabilitacià³n y consolidacià³n son proyectos en donde no hay control paramilitar y lo que se está implantando es su expansià³n pues es sabido de medio mundo que ya tienen bombas de gasolina en la comuna 13, para abastecerse y sobrevivir econà³micamente, una de ellas queda en cercanàas a San Michel entre El Liceo y La Independencia.
Gabriel Matiz dijo a VOZ que: “las incursiones paramilitares son para reprimir la protesta social, ya que está aprobada por parte del gobierno municipal la ubicacià³n de un relleno sanitario muy cerca de nuestras viviendas y como la gente seguramente va a protestar por ello y con toda razà³n, nos quieren es amedrentar”.
La Fuerza Pública en la operacià³n Orià³n según Jorge Ortega: “empezà³ a disparar a todo lo que se moviera, de allà los resultados de muertos y heridos civiles. Lo peor es que a las personas que han colocado las denuncias las han detenido acusándolos de milicianos, les han obligado a firmar unos papeles en las inspecciones y en misma cárcel Bellavista diciendo que las autoridades no los presionaron”.
La Fuerza Pública ha medido los resultados en números sin importar las consecuencias que han traàdo para la poblacià³n civil estos operativos. En este sentido el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL denuncià³ cà³mo el Ejà©rcito disparà³ indiscriminadamente contra dos jà³venes, que llegaban a sus casas: Elkin de Jesús Ramàrez Và©lez, seminarista de la Comunidad Menor Capuchina, quien murià³ horas despuà©s por falta de asistencia mà©dica (El Ejà©rcito no permitià³ su traslado a un centro mà©dico) y su hermano, Alexander, quien resultà³ gravemente herido.
Centros de tortura en Medellàn
Son cosas que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir por temor a la guerra sucia que se vive hoy en Medellàn. Según nuestras fuentes los centros de tortura más conocidos en Medellàn están ubicados en la Estacià³n de Policàa de San Blas de la Comuna Nororiental, la de Villatina en el Centro Oriente, la Estacià³n Laureles en Centro Occidente y la Escuela de Policàa Carlos Holguàn. Allà se llevan varios de los “sospechosos” quienes a punta de torturas y abusos oficiales se ven sometidos a largos y brutales interrogatorios.”
