Carta Abierta del Partido Comunista Colombiano a los gobiernos y pueblos de la Unià³n Europea
El recorrido por Europa es una maniobra del Gobierno colombiano para invitar a la Unià³n Europea a participar en la llamada Mesa de Donantes, con la cual quiere legitimar el “Plan Colombia”, instrumento de intervencià³n del gobierno de los Estados Unidos de corte militarista para atizar la guerra y el conflicto colombiano expresa en una carta abierta el Partido Comunista Colombiano
04.02.2004 (Comità© Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano, Bogotá D.C., Colombia) En los prà³ximos dàas el Presidente de la República de Colombia, Ílvaro Uribe Và©lez, realizará una gira por varios paàses de la Unià³n Europea y cumplirá una controvertida invitacià³n a la plenaria del Parlamento Europeo en la que tratará de presentar su proyecto polàtico de la “seguridad democrática”, eje de su programa de Gobierno “hacia un Estado comunitario”.
El recorrido por Europa es una maniobra del Gobierno colombiano para invitar a la Unià³n Europea a participar en la llamada Mesa de Donantes, con la cual quiere legitimar el “Plan Colombia”, instrumento de intervencià³n del gobierno de los Estados Unidos de corte militarista para atizar la guerra y el conflicto colombiano.
Mas que un plan guerrerista, lo que Colombia necesita es una cruzada nacional e internacional, con el apoyo humanista de gobiernos y pueblos, para salir de la encrucijada de violencia exacerbada por la agudeza de la confrontacià³n armada. La única alternativa de resolver el polàtico es por la vàa de la negociacià³n polàtica y de la democratizacià³n de la vida nacional. Precisamente, todo lo contrario de lo que implica “ganar la guerra” que pretende el presidente Uribe Và©lez.
En los 17 meses del actual gobierno, en que se ha aplicado la “seguridad democrática”, el conflicto se endurecià³ más y de manera implacable afecta con mayor rigor a los colombianos. La aprobacià³n del “estatuto antiterrorista”, ignorando recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Unià³n Europea, amenaza seriamente los derechos humanos, de suyo seriamente afectados por las medidas autoritarias gubernamentales.
De manera sistemática el presidente Uribe Và©lez se niega a aceptar las recomendaciones sucesivas de la Comisià³n de Derechos Humanos de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bogotá, lo cual ha repercutido en hechos tales como la persecucià³n sistemática a los opositores de izquierda, sindicalistas, activistas populares y miembros de Organizaciones No Gubernamentales de reconocida trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional.
En la actualidad, la aplicacià³n de la “seguridad democrática”, lejos de afectar la existencia de grupos insurgentes, cuyo erradicacià³n anuncià³ el Gobierno Nacional en el plazo de 18 meses, que ya se cumplen, está vulnerando los derechos y libertades de la poblacià³n civil, vàctima de grandes redadas de detenidos y montajes por supuestos nexos con las guerrillas.
En la mayoràa de los casos, los detenidos han tenido que ser dejados en libertad, luego de semanas y meses de estar en prisià³n. Según lo reconocià³ el propio ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, un promedio de mil ciudadanos están siendo detenidos cada mes, acusados de vànculos con la guerrilla. Casi el 90 por ciento de ellos queda en libertad posteriormente.
El Gobierno Nacional ha depositado toda la esperanza de paz en la guerra abierta y prolongada, dedicando más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto a agigantar el aparato bà©lico estatal, mientras no hay dinero para la inversià³n social y en especial para la salud y la educacià³n. Según la estadàstica oficial, en el paàs el nivel de pobreza llegà³ al 56 por ciento y el de indigencia a un 30 por ciento.
Entre tanto, la crisis de la salud se acentúa con el cierre de importantes centros hospitalarios, entre ellos los de la atencià³n a los niños y a la maternidad, y está amenazada la existencia de la educacià³n pública en el paàs. El Gobierno Nacional se opone a cualquier posibilidad de solucià³n polàtica negociada del conflicto con las organizaciones guerrilleras y ni siquiera acepta un acuerdo humanitario, como el que proponen la Iglesia Catà³lica y destacadas personalidades colombianas, agravando las infames consecuencias del conflicto y el deterioro humanitario en el paàs. La polàtica y la economàa han sido colocadas al servicio de la guerra oficial, en una cruel polarizacià³n del paàs.
Las gestiones del delegado del Secretario General de la ONU para la paz en Colombia y de la Comisià³n de Facilitacià³n de la Iglesia Catà³lica, son cuando no ignoradas, obstaculizadas, por los funcionarios gubernamentales y más bien son utilizadas como elemento dilatorio de un compromiso con una polàtica de paz.
El presidente Uribe Và©lez y otros altos funcionarios se han pronunciado en contra del acuerdo humanitario y de eventuales diálogos de paz. Hace pocos dàas, en el Palacio de Nariño (sede presidencial en Bogotá), con ocasià³n del protocolario saludo anual del Cuerpo Diplomático, el presidente Uribe Và©lez, de forma desafiante le dijo a los embajadores: “Ustedes dedàquense a promover el diálogo, que yo avanzo con mis soldados y policàas para imponer la seguridad democrática”.
La única puerta abierta al diálogo ha sido para los grupos paramilitares, responsables del tráfico de cocaàna y de las peores masacres y vulneraciones al DIH y a los derechos humanos. Con el agravante, que el diálogo con estos irregulares se realiza de manera incondicional y con el objetivo de aprobar una “ley de alternatividad penal” que consagra el “perdà³n y el olvido” a los cràmenes de los paramilitares.
De manera perversa, el Gobierno Nacional pretende comprometer a la comunidad internacional y a los gobiernos de la Unià³n Europeo en este torcido proyecto, que generará más dificultades para la solucià³n polàtica. Desoyendo a la ONU, el Secretario General de la OEA, el colombiano y ex presidente Cà©sar Gaviria, decidià³ pactar con el presidente Uribe Và©lez la verificacià³n de este proceso, cuando ni siquiera existen acuerdos reales para verificar y controlar.
Lo cierto es que los cràmenes del paramilitarismo y el tráfico de narcà³ticos de sus integrantes continúan siendo una práctica en el territorio nacional. El año pasado, el 25 de octubre, los colombianos le negaron al Presidente de la República la aprobacià³n de un referendo para elevar a norma constitucional la polàtica de “seguridad democrática” y varias medidas fiscalistas de ajuste, lesivas a los trabajadores y al interà©s popular.
Ni siquiera el 20 por ciento del potencial de electores le avalaron su proyecto. Apenas lo hicieron tres millones de colombianos de 24 millones de votantes aptos y menos de los cinco millones que depositaron su voto por el presidente en las elecciones presidenciales.
Sin embargo, en desafào a la Constitucià³n Polàtica y al querer de la mayoràa de los colombianos, el Gobierno Nacional, apoyado en las mayoràas en el Congreso, acudiendo a las prácticas clientelistas, politiqueras y de corrupcià³n que dice combatir, pretende hacer aprobar las medidas negadas en el referendo.
Por esta razà³n, la visita del presidente Ílvaro Uribe Và©lez a Europa debe servir de ocasià³n propicia para que sus gobiernos y pueblos le recuerden:
-las obligaciones que tiene con los protocolos, tratados internacionales y recomendaciones de la ONU y de la comunidad internacional en la búsqueda de disminuir la intensidad del conflicto y del respeto a los derechos humanos;
-la importancia del acuerdo humanitario que termine con la tragedia de miles de colombianos en cautiverio; y
-la necesidad de hacer esfuerzos para avanzar en una polàtica real de paz, favorable a la solucià³n negociada del conflicto y a buscar el camino de la democracia y la justicia social,
-el cumplimiento de las 24 recomendaciones sobre derechos humanos que la oficina de la ONU en Colombia ha venido sugiriendo.
