Protesta en Madrid por la invitacià³n a Ílvaro Uribe Và©lez al Parlamento Europeo
CONVOCATCORIA
En protesta por la invitacià³n a Ílvaro Uribe Và©lez, actual presidente de Colombia para asistir a una Sesià³n Solemne del Parlamento Europeo
Dàa: Lunes, 9 de febrero
Hora: 19 h.
Lugar: Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza de la Provincia s/n; Madrid
Convocan: Campaña Otra Colombia es Posible, OSPAAAL, Izquierda Unida, ASIPAZCOL, Plataforma Bolivariana de Madrid. ASUMPAZ, COMADEHCO, PCPE, Organizacià³n Octubre, Campaña contra el Plan Colombia, UJCE, Colectivo de Ogrobe da Xuventude Comunista Galega. Foro Social de Albacete
Firmas y adhesiones: osp@urbs.org
Al Parlamento de la Unià³n Europea
Señores Parlamentarios:
Las organizaciones abajo firmantes queremos manifestar nuestra más enà©rgica protesta por la invitacià³n cursada al actual presidente de Colombia, Ílvaro Uribe Và©lez para que asista a una sesià³n solemne del Parlamento Europeo, pues consideramos que esta invitacià³n no debe hacerse a gobernantes que, como el señor Ílvaro Uribe Và©lez, violan los derechos humanos, exterminan a la oposicià³n, son impulsores de la guerra y atentan contra la democracia..
Ílvaro Uribe Và©lez fue elegido presidente de Colombia con un escaso 22% del total del electorado colombiano, en unas elecciones en las que el àndice de abstencià³n sobrepasà³ el 55 %. Desde hace 17 meses gobierna su paàs de manera autoritaria.
Ílvaro Uribe tiene un negro pasado relacionado con el paramilitarismo que data de la à©poca en que fue gobernador de Antioquia, en esa à©poca que fue el principal impulsor de las CONVIVIR.
El gobierno de Ílvaro Uribe Và©lez expresa aquellos sectores del poder que se orientan por la solucià³n militar, afianzados en el apoyo de los Estados Unidos expresado en el Plan Colombia y en la polàtica antiterrorista. El gobierno del Señor Uribe ha definido como polàtica central “La Seguridad Democrática”, dirigida a una salida militar al conflicto social y armado que vive el paàs.
A partir de esta polàtica y con pretexto en su necesidad se viene implementando de manera acelerada una legislacià³n que, con el señuelo del antiterrorismo, REDUCE las libertades y derechos que han sido consagrados en la Constitucià³n polàtica nacional. Estamos ante el establecimiento de un sistema de gobierno autoritario y militarista.
Una de sus primeras tareas como presidente, de las que se siente orgulloso, fue la creacià³n de un cuerpo de un millà³n de informantes a sueldo, reclutados entre la poblacià³n civil de Colombia, con el objeto de que los colombianos se vigilen y denuncien unos a otros. Es la vinculacià³n de los civiles al conflicto armado, mediante el programa de “soldados Campesinos”, redes de informantes y pago de recompensas. Se delega la funcià³n estatal de la seguridad en manos de civiles.
El gobierno colombiano, con Ílvaro Uribe a la cabeza, niega el Principio de Distincià³n, aumentando el riesgo de la poblacià³n civil. Como lo han señalado diversas organizaciones de paz y derechos humanos, la distincià³n entre combatientes y no combatientes en un conflicto armado interno es la base del Derecho Internacional Humanitario que el estado colombiano se ha comprometido a respetar. En igual sentido se ha pronunciado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
Durante el periodo de gobierno de Ílvaro Uribe Và©lez se han otorgado funciones judiciales a las Fuerzas Armadas, acusadas de graves violaciones a los derechos humanos y de convivencia con los grupos paramilitares. Estas funciones permiten las detenciones sin orden judicial, la intercepcià³n de las làneas telefà³nicas y las comunicaciones, los allanamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias. En Colombia se llevan a cabo detenciones masivas de poblacià³n y se mantiene a los detenidos encarcelados, sin acusaciones fundadas, o con total desconocimiento de los cargos que se les imputan. Ha habido un incremento de las detenciones masivas arbitrarias de làderes populares y de miembros de la oposicià³n polàtica. Esto se agrava con la aprobacià³n del Estatuto Antiterrorista, que autoriza las detenciones sin orden judicial y otorga funciones de policàa judicial a la fuerza publica y que tiene como fin golpear a las organizaciones sociales y ONG defensoras de derechos humanos. con el prurito de que son aliadas naturales de la guerrilla.
Trece defensores y defensoras de Derechos Humanos y 72 sindicalistas, 29 lideres comunales y 23 lideres campesinos han sido asesinados o desaparecidos durante el año 2003 y lo que llevamos de este año. Han aumentado las amenazas contra familiares de dirigentes sindicales y defensores de Derechos humanos y hay un progresivo desmantelamiento del Estado Social de Derecho.
Las organizaciones sociales y polàticas, los defensores de derechos humanos, los grupos de juristas y acadà©micos tanto nacionales como internacionales han expresado su protesta en procura del derecho de defensa, de las garantàas ciudadanas y del debido proceso pues el Estatuto Antiterrorista repite un antiguo estatuto de seguridad de la administracià³n Turbay Ayala de infausto recuerdo que, en su tiempo, permitià³ toda clase de abusos contra los luchadores y luchadoras populares. Una vez más, hoy se repite la receta y, con el pretexto de la Seguridad Democrática, se cercenan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El gobierno de Uribe aumenta los impuestos para sufragar los gastos de guerra y aplica al paàs una salvaje polàtica de privatizaciones, mientras tanto no ha cumplido la mayoràa de las recomendaciones de la Unià³n Europea referentes a la situacià³n de los Derechos Humanos en Colombia.
Finalmente, en ausencia de una polàtica de paz, se ha montado una comedia de negociacià³n con los grupos paramilitares. Según el libreto de esta farsa asesorada por los Estados Unidos, el gobierno ha establecido unas mesas de conversaciones con los paramilitares, incluyendo un cese de hostilidades, la posibilidad de una amnistàa para sus unidades, la suspensià³n de los procesos para sus jefes, la financiacià³n de los grupos en la etapa de los diálogos. De esta manera se pretende legalizar a los cuerpos paramilitares cuyos integrantes, en forma mayoritaria, se incorporaràan a los proyectos de “Seguridad Democrática” que están organizándose: soldados campesinos, soldados profesionales, grupos de informantes o cooperantes. Esta es la esencia de la alternatividad penal: perdà³n y olvido, tesis que la mayoràa de los colombianos rechazan porque claman por una paz sin impunidad, una paz no sobre la base del perdà³n y olvido sino con justicia y reparacià³n.
Insistimos en la búsqueda de una solucià³n polàtica al conflicto armado. Un paso inicial seràa el de los Acuerdos Humanitarios: intercambio de secuestrados o retenidos por la guerrilla por presos polàticos y acuerdos que permitan el desarrollo regional y el respeto a la poblacià³n civil. Se hace urgente la creacià³n de un marco de confianza que permita establecer unas negociaciones que acaben no solo con la guerra sino con las terribles desigualdades sociales que son la causa ultima y el origen de la violencia y la marginalidad.
Los ciudadanos europeos y no europeos residentes en Europa y las organizaciones que suscribimos esta carta protestamos porque creemos que nuestro Parlamento, el ámbito supremo de representacià³n de la voluntad de los ciudadanos de Europa no puede recibir a un personaje con los antecedentes mencionados.
Solicitamos a la Unià³n Europea que muestre nuestro más profundo rechazo a Ílvaro Uribe Và©lez y a su polàtica guerrerista y discriminatoria, que no facilite sus maniobras dentro del territorio de la Unià³n Europa que buscan el apoyo a su polàtica y la obtencià³n de fondos para su aplicacià³n.
Solicitamos a la Unià³n Europea que promueva y exija la negociacià³n de un Acuerdo Humanitario que conduzca a la liberacià³n de prisioneros y retenidos, que acabe con las listas negras y que impulse las condiciones para unas negociaciones sinceras que permitan llegar a acuerdos que terminen de una vez por todas con esta guerra fraticida. Este debe ser el papel de la Unià³n Europea.
