No cesa la campaña de extermino
No cesa la campaña de extermino: Unos 30 sobrevivientes de la peor à©poca del exterminio de la Unià³n Patrià³tica (UP), partido polàtico surgido de un antiguo proceso de paz con la guerrilla de las FARC, fueron asesinados en Colombia el año pasado, denuncian fuentes humanitarias.
30.01.2004 (Por Athemay Sterling ) La directora de la Corporacià³n para la Defensa y Promocià³n de los Derechos Humanos (Corporacià³n Reiniciar), Jahel Quiroga, dijo en Bogotá que los homicidios fueron cometidos a pesar de la proteccià³n que presta o debe prestar el Estado a los supervivientes de la campaña criminal.
Los continuos asesinatos afectan la credibilidad en el proceso de “solucià³n amistosa” del caso, acordado con el Gobierno a instancias de la Comisià³n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtià³ la activista.
El Estado colombiano fue demandado en 1993 ante la CIDH por su responsabilidad en el exterminio de la UP, formacià³n creada en 1985 merced a un acuerdo preliminar con las FARC, que entonces mantuvieron una tregua de un año.
Desde entonces, más de tres mil miembros de la formacià³n han sido asesinados o sometidos a desaparicià³n forzada, entre ellos 2 candidatos presidenciales, 8 senadores, 70 concejales y diputados regionales y más de 15 alcaldes.
Por lo menos otros dos mil han sido vàctimas de torturas, registros o detenciones arbitrarias, según los casos documentados por Reiniciar, la Comisià³n Colombiana de Juristas (CCJ) y el Partido Comunista Colombiano (PCC), que promovieron la demanda ante la CIDH.
Ese organismo de la Organizacià³n de Estados Americanos (OEA) admitià³ la causa el 12 de marzo de 1997, no como “genocidio”, como fue presentada, sino como un “caso colectivo”. Un año despuà©s, el Estado colombiano reconocià³ su responsabilidad en los hechos.
La directora de Reiniciar informà³ del mantenimiento de la campaña contra la UP durante un encuentro celebrado en Bogotá por el grupo de trabajo mixto conformado para la “solucià³n amistosa”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Vicepresidencia de la República, la Fiscalàa General, la Procuraduràa General y la Defensoràa del Pueblo representan al Estado en la búsqueda de esa salida.
La “solucià³n amistosa” incluye el esclarecimiento del exterminio, el castigo a los responsables, la reparacià³n a las vàctimas o familiares y la restitucià³n polàtica de la UP, bajo la condicià³n de que los sobrevivientes sean protegidos.
