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Arauca: Petróleo y guerra contra un pueblo en resistencia

2. June 2007

Asociacià³n Campesina de Arauca

En medio de la cortina de humo de la “parapolà­tica” queremos contarle a Colombia y al mundo, que hoy en Arauca, continúan las ejecuciones extrajudiciales de campesinos, la persecucià³n judicial a los dirigentes sociales, sindicales y lideres de la regià³n, los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, las detenciones masivas, el desplazamiento forzado y el desarrollo y consolidacià³n del proyecto paramilitar, en un autentico genocidio que no cesa y se recrudece cada vez más contra el pueblo de Arauca.

Señora: Nancy Pelosi Presidenta Cámara de Representantes de los Estados Unidos. California-8th, Democrat 235 Cannon HOB Washington, DC 20515-0508 Phone: (202) 225-4965 – CA8th 225-4965235

Señor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Representante a la Cámara Colombia Cámara de Representantes ubicadas Carrera 7 No. 8 – 68. Bogota D.C

Señor: Albert Arnold Gore La Fon Ex vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamà©rica. 2817 West End Avenue Suite 126-161 Nashville, TN 37203

Señor: Frank -Walter Steinmeier Presidente Consejo de la Unià³n Europea (CUE). Rue de la Loi 175 B-1040 Bruselas Bà©lgica Fax: (32-2) 285 63 61

Señor: Florentà­n Melà©ndez Presidente Comisià³n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Comisià³n Interamericana de Derechos Humanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A.

Señora: Louise Arbour Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sede: Palais Wilson, CH 1211 Ginebra, Suiza Telà©fono: (41 22) 917 31 34 Fax: (41 22) 917 90 50

Señor: Eric Sotas Secretario Organizacià³n Mundial Contra la Tortura (OMCT). Secretarà­a Internacional de la OMCT PO Box 21 8, rue du Vieux-Billard CH-1211 Genà¨ve 8 Suisse

Referencia: Caso persecucià³n contra Asociacià³n Campesina de Arauca ACA- Colombia – Violacià³n al principio de distincià³n de la poblacià³n civil, derecho a la vida, a la permanencia en el territorio, derecho a la libertad, a la libre organizacià³n y al medio ambiente.

Cordial saludo:

Es indudable que los viejos y estrechos và­nculos de personas e instituciones componentes del Estado colombiano con los grupos narco terroristas llamados paramilitares, no son nuevos; esta ha sido y es una constante de las clases dirigentes colombianas para el mantenimiento de su poder polà­tico y econà³mico en el paà­s.

Todas y cada una de las instituciones del Estado colombiano, en cabeza de su rama ejecutiva, legislativa y rama judicial, han sido franqueadas por el proyecto paramilitar en el orden nacional, departamental, regional y local. Mientras tanto, lo propio ha ocurrido en el ámbito privado que maneja vastos sectores de la economà­a nacional hoy puesta al servicio de la guerra contra el pueblo de Colombia.

El denominado “Escándalo de la Parapolà­tica”, aunque novedoso por el boom publicitario, solo ratifica lo dicho: en Colombia la guerra sucia y el terrorismo de Estado, son una verdadera polà­tica estatal que ha sido denunciada desde hace mucho tiempo con un alto costo para la vida, seguridad y libertad de los denunciantes. Dichas revelaciones, no son otra cosa que lo que todo el paà­s y el mundo entero sabe; en Colombia desde hace mas de 60 años, la clase dirigente del Estado, asesina, tortura, desaparece, descuartiza seres vivos, echa seres humanos a los cocodrilos, rellena cadáveres con piedras y los lanza a los rà­os, desplaza como mà©todo de guerra y se apropia de las tierras de los campesinos; Ejerce el terror moral, fà­sico, econà³mico y polà­tico como mà©todo para mantenerse en poder.

El pretendido merito que se quiere adjudicar el gobierno de àlvaro Uribe, no es tal. La amarga e inocultable verdad de los nexos de los traficantes de droga, la dirigencia polà­tica del paà­s, las fuerzas militares y organismos de seguridad con los mercenarios paramilitares apoyados econà³mica y tà©cnicamente por gobiernos extranjeros y grupos econà³micos trasnacionales, es un hecho inocultable y gravà­simo. El merito doloroso de esta verdad aterradora, esta en el grito desgarrador de las miles de victimas, el olor de las cientos de fosas, el luto de millones familias, los centenares de huà©rfanos, las viudas y de todos aquellos quienes a pesar de arriesgar sus propias vidas hemos denunciado y seguimos denunciando los graves hechos que han sucedido y siguen sucediendo en nuestro paà­s.

Nada más perverso, cruel y maquiavà©lico, que la manera cà­nica como el actual gobierno pretende sacar provecho del dolor de nuestro pueblo, presentándole a Colombia y al mundo verdades a medias y mentiras completas, pretendiendo de esta manera ganar imagen y respaldo para continuar desarrollando unas polà­ticas estatales igualmente asesinas y peores que las cometidas por los gobiernos anteriores.

Hoy, el rà©gimen de àlvaro Uribe se presenta al paà­s y al mundo como apostolado de la verdad y justicia contra la impunidad, incluso ha llegado ha confundir a propios y extraños con ese discurso falaz y demagà³gico, por demás inaceptable, viniendo de alguien que ha sido parte activa y responsable de tales crà­menes pasados y actuales y que hoy se dice adalid de la verdad.

Los habitantes de Arauca Colombia, al igual que los nacionales de todas las regiones del paà­s, fuimos y seguimos siendo victimas de estas polà­ticas de tierra arrasada, guerra y muerte. En medio de la cortina de humo de la “parapolà­tica” queremos contarle a Colombia y al mundo, que hoy en Arauca, continúan las ejecuciones extrajudiciales de campesinos, la persecucià³n judicial a los dirigentes sociales, sindicales y lideres de la regià³n, los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, las detenciones masivas, el desplazamiento forzado y el desarrollo y consolidacià³n del proyecto paramilitar, en un autentico GENOCIDIO que no cesa y se recrudece cada vez mas contra el pueblo de Arauca.

Arauca es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está situado en el extremo norte de la regià³n de la Orinoquà­a del paà­s. Su extensià³n es de 23.818 km…², limita por el norte con el rà­o Arauca que lo separa de la República Bolivariana de Venezuela, por el este con la República Bolivariana de Venezuela, por el sur con los rà­os Meta y Casanare, que lo separan del Departamento del Vichada y Casanare, por el Oeste con el Departamento de Boyacá. Está dividido en 7 municipios: su capital Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondà³n, Saravena y Tame.

Según el Departamento Nacional de estadà­stica (DANE) la actual poblacià³n de total de Arauca es de 281.435 (representa el 0.590 del total nacional), con una densidad 11,82 habitante por km…², de los cuales 149.034 (54.6 se encuentran ubicados en las cabeceras urbanas y 124.102 (45.4 en el sector rural), con una poblacià³n Indà­gena de 3.591 y poblacià³n Afro-Colombiana de 7.500 personas.

Arauca, con una economà­a tradicionalmente agrà­cola y pecuaria, produce alimentos de primera necesidad tales como: plátano, yuca, caña de azúcar, cacao, maà­z, arroz y frutales entre otros. Hasta el desarrollo de los campos petroleros descubiertos por La petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXI), Arauca era un tà­pico territorio de la Orinoquà­a, un territorio olvidado por el Estado y sus gobiernos de turno donde no habà­a más que pobreza, marginamiento y aislamiento del resto del paà­s.

Todo empezà³ a cambiar cuando en 1983 se descubrià³ que en ese apartado y olvidado departamento llamado en ese entonces, Intendencia de Arauca, se encontraban grandes yacimientos de petrà³leo, el crudo lleno las arcas de las multinacionales, exacerbo la corrupcià³n con los dineros de las regalà­as y se revirtià³ para los habitantes del departamento en violencia y pobreza. Puede decirse hoy con certeza, que el petrà³leo para los araucanos es una verdadera maldicià³n de guerra y muerte.

A causa de su importancia estratà©gica en materia econà³mica, militar y geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido ejercido violentamente por las fuerzas de seguridad y los paramilitares respaldados por el ejà©rcito los cuales mantienen una fuerte presencia en el departamento.

En particular las transnacionales petroleras y mineras de origen norteamericano y Europeo controlan el negocio del sector, desde la produccià³n hasta la comercializacià³n. Para proteger sus intereses econà³micos estas intervienen directamente en el conflicto colombiano a travà©s del financiamiento de la guerra contra la poblacià³n.

En Arauca, el Estado y gobierno colombiano, asà­ como las transnacionales petroleras son responsables por los crà­menes, atropellos, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos contra los humildes habitantes del departamento, igualmente por los graves e irreparables daños cometidos contra todo el valioso ecosistema que ha sido destruido casi en su totalidad por la exploracià³n y explotacià³n indiscriminada y acelerada del crudo sin el menor respeto a las normas ambientales.

Arauca como la mayorà­a de regiones rurales de Colombia, es escenario de la confrontacià³n entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas militares y paramilitares estatales, con la llegada a la presidencia del àlvaro Uribe Và©lez, y bajo el marco de su denominada “polà­tica de seguridad democrática”, el departamento fue declarado desde el mismo 07 de agosto de 2002 por parte del presidente como zona de Rehabilitacià³n y consolidacià³n.

En atencià³n a esta decisià³n Arauca es considerado hoy, epicentro de la llamada polà­tica de “Seguridad democrática” y definido como el principal “LABORATORIO DE GUERRA EN COLOMBIA”. Esta situacià³n, ha generado la agudizacià³n y degradacià³n del conflicto armado, asà­ como el incremento inusitado de la violacià³n sistemática de los derechos humanos, las libertades ciudadanas y las transgresiones al Derecho Internacional humanitario de los habitantes de la regià³n.

Durante el gobierno del Presidente Uribe, los activistas sociales y de derechos humanos siguen siendo và­ctimas de homicidio, “desaparicià³n”, detenciones arbitrarias, amenazas y acoso.

A la fecha continúan los señalamientos, la estigmatizacià³n de los habitantes de la regià³n, catalogados de miembros auxiliadores de la guerrilla, los bloqueos alimentarios por parte de militares y paramilitares, el desplazamiento forzado como mà©todo de guerra, el destierro de los campesinos de las áreas municipales, las detenciones masivas , ilegales y arbitrarias , las masacres colectivas y el asesinato selectivo principalmente de lideres de la regià³n o de comunidades que se han organizado y han ejercido sus derechos constitucionales a la libertad de expresià³n, movilizacià³n y protesta pacifica. Esta práctica viola gravemente uno de los principios fundamental del derecho internacional humanitario especà­ficamente el de las distincià³n de los civiles que las partes implicadas en un conflicto, incluidos los conflictos clasificados como no internacionales, tal es el caso de Colombia, deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes, y entre objetivos civiles y objetivos militares.

En desarrollo de dicha estrategia aplicada por el Estado y gobierno colombiano, y apoyada econà³micamente por las trasnacionales que intervienen en el departamento, en Arauca se busca por todos los medios y procedimientos legales e ilegales, la destruccià³n total del tejido social, el aniquilamiento de las organizaciones sociales, populares, campesinas, indà­genas y de derechos humanos que trabajan en la regià³n, para de esta manera garantizar la exploracià³n, explotacià³n y transporte del petrà³leo crudo a cualquier precio.

Arauca, cuenta con un movimiento sindical y de derechos humanos desarrollados en una vieja trayectoria de lucha por los derechos fundamentales y de denuncias ante las violaciones al Derechos Humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. A consecuencia de ello, las organizaciones y los dirigentes de las mismas nos hemos convertido en blanco de una persecucià³n feroz de las fuerzas militares y paramilitares del Estado que operan en la regià³n. En el escalonamiento de la guerra en Colombia se ha puesto al aparato judicial al servicio de la guerra contra la gente, la judicializacià³n de la protesta social y sindical, es uno de los mà©todos utilizados por el Estado y su gobierno para impedir que las comunidades campesinas se organicen, reclamen y hagan efectivo el cumplimiento de sus derechos fundamentales. De igual forma, los organismos de seguridad y el aparato judicial del Estado, se han dado a la tarea de detener masivamente y judicializar a todos los dirigentes y miembros de la organizaciones en el departamento, vulnerando los derechos universalmente reconocidos a la libertad, la organizacià³n, la protesta pacifica y la dignidad de las personas, esbozados en la Constitucià³n Polà­tica de Colombia y por los contenidos en los distintos pactos y tratados internacionales sucritos y ratificados por el estado Colombiano.

Caso Asociacià³n Campesina de Arauca

En el contexto de esta guerra contra el pueblo de Arauca, el caso de la Asociacià³n Campesina de Arauca (ACA), es un caso tristemente particular por que toda su junta directiva ha sido procesada, judicializada y varios de sus miembros encarcelados y sobre los demás pesan ordenes de captura, por el delito de rebelià³n, de acuerdo a lo que conocemos este es un caso sui gà©neris donde se procesa penalmente a toda la direccià³n de una organizacià³n campesina legal.

La Asociacià³n Campesina de Arauca (ACA), nace en julio de 2000, como resultado de una serie de esfuerzos organizativos de los campesinos en el ámbito local, que se venà­an desarrollando desde la dà©cada de los años sesenta y setenta.

El objetivo de la Asociacià³n Campesina de Arauca (ACA), es trabajar por resolver los desequilibrios econà³micos y sociales existentes en el departamento, como una de las bases para el logro de la paz. Esto significa que los campesinos tengan el ejercicio pleno de todos sus derechos, que puedan participar activamente en las distintas instancias y decisiones hacia la búsqueda de un verdadero desarrollo sustentable fundamentado en una necesaria soberanà­a alimentarà­a.

Como consecuencia de su activa lucha y trabajo en defensa de los intereses del campesinado araucano, la denuncia y movilizacià³n contra las polà­ticas estatales de violacià³n de los derechos Humanos, militarizacià³n y paramilitarizacion de la vida ciudadana para garantizar los intereses econà³micos de las transnacionales del petrà³leo, el Estado colombiano ha desatado una terrible persecucià³n contra la ACA que se mantiene hoy dà­a de manera grave, sistemática y generalizada.

En tal sentido tanto directivos como afilados a la ACA, hemos sido victimas de esta inaceptable polà­tica, cabe anotar que varios de los directivos de la asociacià³n perseguidos, cuentan con MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION exigidas al gobierno colombiano por la Comisià³n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2002.

A continuacià³n señalamos algunas de las más graves agresiones y violaciones a Derechos Humanos cometidas especà­ficamente contra directivos y afiliados de la Asociacià³n Campesina de Arauca ACA:

El 16 de mayo de 2003, tres miembros de la Asociacià³n Campesina de Arauca (ACA) fueron detenidos, según los informes, por miembros de la XVIII Brigada y de la policà­a en Tame. Entre ellos se encontraban Pedro Mosquera, Eduardo Peña Chacà³n y Ronald Peña Chacà³n, a quienes la policà­a acusà³ de ser miembros de milicias guerrilleras que actúan en Arauca. Según los informes, los policà­as golpearon a los detenidos, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico y los sumergieron en agua por la fuerza. Mas tarde los compañeros fueron dejados en libertad sin cargos.

En julio de 2003, en desarrollo de una detencià³n masiva y arbitraria en la vereda Aguachica del municipio de Arauquita, durante una operacià³n militar en la que tropas de la XVIII Brigada estuvieron acompañadas por miembros de la Fiscalà­a General, fue detenido el Señor APOLINAR HERRERA, Fiscal de la ACA junto con otros 30 campesinos de la regià³n acusados de rebelià³n y colaboracià³n con grupos guerrilleros. Este caso como los demás fue denunciado ampliamente y aportadas todas las pruebas que demostraron la inocencia de todos los detenidos, pero APOLINAR debià³ permanecer más de un año en la cárcel para que pudiera recuperar su libertad.

El 18 de febrero de 2004, luego de un espectacular PROCESO – MONTAJE, organizado por el (Departamento Administrativo de Seguridad – DAS) y la Fiscalia de Arauca, miembros del DAS en la ciudad de Bogotá detuvieron arbitrariamente a la presidenta de la Asociacià³n Campesina de Arauca (ACA) LUZ PERLY CÓRDOBA MOSQUERA, quien además se desempeñaba como secretaria general y encargada del Departamento de Derechos Humanos de la Federacià³n Nacional Unitaria Sindical Agropecuaria (Fensuagro), tambià©n fueron allanadas su casa de habitacià³n y la residencia de familiares cercanos. Simultáneamente, en Arauquita (Arauca), JUAN DE JESÚS GUTIà‰RREZ ARDILA, tesorero de la ACA, fue detenido arbitrariamente por miembros de la misma institucià³n. Los principales testigos del caso en contra de los dirigentes fueron los propios escoltas del DAS que les fueran asignados por el ministerio del interior para su proteccià³n ante la exigencia de la Corte Interamericana de proteger sus vidas.

La persecucià³n contra la Asociacià³n Campesina de Arauca no termino con la judicializacià³n de su junta directiva, mediante un burdo montaje judicial como el que se describià³ anteriormente. El 7 de octubre de 2004 PEDRO JAIME MOSQUERA COSME, Ex Vicepresidente de la Asociacià³n Campesina de Arauca, fue encontrado muerto y con visibles signos de tortura en territorio de Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia. Como producto del mismo aberrante MONTAJE JUDICIAL orquestado por DAS de Arauca, PEDRO JAIME se habà­a visto obligado a refugiarse en el hermano paà­s, pues en su contra existà­a una orden de captura por el supuesto delito de rebelià³n.

El 14 de febrero de 2006, fue detenida en la ciudad de Arauca (Arauca) FLOR MARIA DàAZ, miembro de la junta departamental de la ACA, igualmente vinculada dentro del proceso que se sigue a la Junta directiva.

Flor Maria, es una campesina, promotora de salud del municipio de Tame, madre cabeza de familia de tres hijos y cuyo único delito ha sido su vocacià³n de servicio a la comunidad, actualmente se encuentra recluida en el patio 6 de la cárcel el Buen Pastor de Bogota. Sus abogados han interpuesto múltiples recursos para que se haga efectiva la ley 750 que le otorga por lo menos el beneficio de la detencià³n domiciliaria, mientras se adelanta el juicio pero la fiscaliza mediante el factor subjetivo, ha negado cualquier posibilidad de dicho beneficio aludiendo que FLOR es una persona demasiado peligrosa.

El 22 de octubre de 2006 a las 7:00 AM, dos aviones Kfir de la Fuerza Aà©rea Colombiana (FAC) realizaron bombardeos en la vereda Galaxias, de Tame, poniendo en riesgo la vida de los habitantes. En una vivienda impactà³ una esquirla de aproximadamente un kilo de peso. Las denuncias no pudieron hacerse inmediatamente por temor a nuevos bombardeos. Se coloca en conocimiento que en el sitio se encuentran dos bombas sin detonar, que representan peligro para la comunidad.

El 28 y 29 de octubre de 2006, la FAC, ametrallà³ continuamente y de manera indiscriminada zonas pobladas por campesinos en las veredas Fundacià³n, Santa Ana y Palmeras del municipio de Arauquita.

El 8 de noviembre de 2006, las mismas veredas fueron nuevamente objeto de ametrallamientos por parte de aviones de la Fuerza Aà©rea colombiana (FAC).

El 20 de diciembre de 2006, las comunidades de las veredas Fundacià³n, Palmeras y El Oasis del municipio de Arauquita, denuncian los constantes bombardeos que han venido realizando helicà³pteros y aviones de la FAC desde el 18 de diciembre, asà­ como la presencia de patrullas del Batallà³n Contraterrorista No. 24 “Hà©roes de Pisba” pertenecientes a la XVII Brigada, adscrita a la Segunda Divisià³n del Ejà©rcito Nacional. Las comunidades vivieron momentos de zozobra por los ametrallamientos y bombardeos donde sà³lo hay poblacià³n civil.

El 16 de marzo de 2007, desde las 7:30 AM, las veredas El Progreso y Galaxias, del municipio de Tame, fueron objeto de bombardeos por tres aviones Kfir de la FAC durante 20 minutos. Luego, un helicà³ptero ametrallà³ y bombardeà³ durante media hora, produciendo un incendio que afectà³ una extensa área de bosques, pastos y cultivos, causando pánico a los campesinos de la regià³n.

El 8 de abril de 2007, desde las 3:00 PM de la tarde, cuatro aviones Kfir de la FAC bombardearon durante media hora un estero entre la vereda Fundacià³n y el caserà­o Puente Tubo, de Arauquita. Luego, varios helicà³pteros ametrallaron y bombardearon durante una hora los alrededores de la vereda y el caserà­o. Este nuevo hecho genero gran incertidumbre en las comunidades por los daños en el estero, que es un criadero natural de peces de los que se alimentan los campesinos de esa regià³n. Además, se ha infundido pánico a las comunidades.

El martes 10 de abril de 2007, en la vereda La Chigüira jurisdiccià³n del municipio de Arauquita, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, el señor OSCAR OMAR RIVERA PEREZ. Regresaba de sus labores de campo montado en un caballo, cuando soldados adscritos al batallà³n 24 le dispararon hirià©ndole de gravedad sin ninguna explicacià³n, pues no existà­a ninguna señal de reten en la và­a, ni se hizo la voz de alto, antes de disparar.

Varias horas tuvo que esperar la familia del compañero RIVERA y la comunidad de la zona, para brindarle ayuda y trasladarlo al hospital de Saravena porque el ejà©rcito impidià³ la movilizacià³n de personas y vehà­culos.

En las veredas antes mencionadas y en otras como el Oasis, Aguachica, Rosa Blanca, Brisas del Palmar, Santa Ana, San Miguelito, San Miguel, La Victoria y la Islandia, desde hace mas de ocho meses son constantes los operativos militares de la Brigada Mà³vil No. 5 y patrullas helitransportadas del Ejà©rcito Nacional, destacadas desde el Grupo de Caballerà­a Aerotransportado No. 18 “General Gabriel Revà©is Pizarro” con puesto de mando en Saravena, Arauca. Las patrullas se han acantonado en las viviendas campesinas, poniendo en gran riesgo la vida y bienes de las comunidades. En esta regià³n hace presencia permanente la insurgencia, situacià³n que a los campesinos les preocupa porque en cualquier momento puede haber combates en medio de la poblacià³n civil.

En el mes de abril de 2007, fueron detenidos àNGEL OMAR LÓPEZ FORERO, CARLOS GONZàLEZ, GUMERSINDO QUINTANA y MARTA RIAà‘O, campesinos del municipio de Tame y miembros de la ACA, estas detenciones hacen parte de una orden captura que se ha dictado contra 24 campesinos, todos miembros de la Asociacià³n Campesina de Arauca ACA, algunos de ellos dirigentes locales y regionales como es el caso de nuestro Presidente Compañero JOSà‰ DEL CARMEN CAICEDO. Los cargos, como siempre son sustentados sobre declaraciones injuriosas de testigos pagados por el Estado.

El pasado viernes 27 de abril, en la vereda Santander, zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), tropas de la Brigada Mà³vil No. 5, que opera en la zona, detuvieron arbitrariamente a cuatro campesinos, entre ellos un menor de edad. Los hechos se presentaron cuando los militares arribaron hacia las siete de la noche y retuvieron a JOSà‰ ABELARDO SàNCHEZ, a HELENA GÓMEZ, FRANCISCO ANTONIO GÓMEZ y à‰INER ANDRà‰S SàNCHEZ GÓMEZ, menor de edad, quienes fueron trasladados en helicà³ptero hacia un destino desconocido.

Tambià©n en el mes de abril, se produjo el asesinato a manos de sicarios de tres afiliados de la ACA en el municipio de Fortul. El 18 de abril, en la vereda Caño Rojo, fue asesinado JUAN CARLOS ABICHE, el dà­a 22 en la vereda Agua Viva fue ultimado DUBIàN BARAJAS CARRILLO, y el pasado jueves 26 de abril, en el casco urbano del municipio, fue muerto VàCTOR JULIO BENAVIDES.

Estas tres personas eran pobladores civiles e integrantes de la asociacià³n campesina, y fueron asesinados en medio de operativos del ejà©rcito y la militarizacià³n de zonas rurales y urbanas del departamento.

Estos hechos se presentan luego de que se denunciaran los bombardeos y ametrallamientos que vienen realizando las Fuerzas Militares en varias veredas desde inicios del mes de abril.

Durante los años de existencia de la Asociacià³n Campesina de Arauca ACA, hemos denunciado la terrible persecucià³n legal e ilegal de la cual hemos sido y somos victimas los miembros de la ACA, ante la gravedad de estos hechos hemos puesto en conocimiento, tanto de las autoridades departamentales y nacionales competentes, asà­ como de las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, el asedio de que somos victimas. En lo que concierne al aparato de justicia del Estado, no ha habido hasta la fecha ninguna respuesta ni castigo para los autores de dichas amenazas y persecucià³n injustificada contra los miembros y directivos de la Asociacià³n; por el contrario la persecucià³n, las amenazas, el acoso y las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra los afiliados y directivos de nuestra organizacià³n campesina, continúan en la mas absoluta impunidad, con la complacencia y directa participacià³n de los organismos de seguridad del estado.

Pese a la persecucià³n y guerra sucia de que ha sido objeto la ACA, en la actualidad posee 5.300 afiliados y 6 comità©s municipales de los 5 municipios del departamento: Arauquita, Arauca, Saravena, Fortul y Tame. La ACA es hoy un ejemplo de dignidad y resistencia campesina en Colombia.

Por todo lo anterior solicitamos de manera respetuosa a ustedes:

1.Un pronunciamiento ante el Gobierno de àlvaro Uribe Và©lez, Presidente de Colombia, donde se conmine al Estado colombiano a poner fin a esta persecucià³n y agresià³n constante contra la comunidad araucana y especialmente a los afiliados y dirigente de la Asociacià³n Campesina de Arauca ACA.

2.No apoyar o aprobar ningún tipo de ayuda econà³mica o tà©cnica al actual gobierno de àlvaro Uribe Và©lez, hasta tanto no cese la guerra contra los ciudadanos colombianos, en especial contra el pueblo de Arauca, sus organizaciones y su dirigencia social y popular.

3.Que se conformen comisiones para que visiten el departamento de Arauca, se entrevisten directamente con las comunidades y puedan constatar de primera fuente los atropellos y desmanes que se vienen cometiendo en Arauca contra los habitantes del departamento, los dirigentes de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas de la regià³n, en especial el caso de la Asociacià³n campesina de Arauca ACA.

Respetuosamente,

FLOR MARIA DIAZ Ex – directiva Junta Departamental ACA Actualmente injustamente encarcelada y judicializada – Buen pastor – Bogota

LUIS ALFONSO GUTIERRES BEJARANO Ex – directivo Junta Departamental ACA Actualmente Refugiado Fuera del paà­s en razà³n de amenazas de muerte

MARINA NAVARRO Ex – directiva Junta Departamental ACA Actualmente Refugiada fuera del paà­s – Injustamente judicializada

DANIEL BOTELLO Ex – directivo Junta Departamental ACA Actualmente Refugiado fuera del paà­s – Injustamente Judicializado

LUZ PERLY CORDOBA MOSQUERA Ex – Presidente Junta Departamental ACA Injustamente judicializada y encarcelada por 13 meses Actualmente Vocera Internacional de la ACA y Refugiada polà­tica en Europa

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION CAMPESINA DE ARAUCA ACA

Voceria Internacional Asociacià³n campesina de Arauca ACA- Colombia- Suramà©rica.

Sede principal Calle 4 No 6-24 al frente de las oficinas de ENELAR- Arauquita – Arauca- Colombia. TEL: 0057-78836448

Email: asociacioncampesinadearauca@hotmail.com voceriainternacionalaca@yahoo.es

CC. A la comunidad nacional e internacional y organizaciones de derechos humanos.

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